Ley 32735: El peligro de juzgar la vida como un «acto de servicio»

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Ley 32735: El peligro de juzgar la vida como un «acto de servicio»

Por: Ivett Carolina Altamirano Apaza

En solo treinta días hábiles, sin audiencia previa y mediante una decisión inimpugnable, una investigación por homicidio en la justicia ordinaria puede ser sepultada para siempre. Ese es el efecto directo de la Ley N.º 32735, promulgada por el Congreso con el propósito declarado de «precisar el delito de función»[i]. Sin embargo, la norma redefine el delito de función no por el bien jurídico afectado, sino por el contexto en que ocurre la conducta. El resultado es alarmante: un policía o militar que cause la muerte de un civil durante un operativo o estado de emergencia podrá ser derivado al Fuero Militar Policial, convirtiendo el uniforme en un salvoconducto procesal.

El debate sobre la norma exhibe dos orillas antagónicas. En el bloque oficialista, figuras como el congresista Fernando Rospigliosi y el ministro de Defensa Amadeo Flores sostienen que la ley protege a las fuerzas del orden de una «persecución» judicial. Argumentan que la reforma «define mucho mejor cómo funciona el delito de función para las FF.AA. y PNP» y garantiza que combatan la delincuencia «sin ser víctimas de injusticias». Su interés es puramente corporativo y de eficacia operativa. En la acera opuesta, el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, la Defensoría del Pueblo, Amnistía Internacional y penalistas como Carlos Caro denuncian la inconstitucionalidad de la norma. Como ha advertido Caro, la ley convierte «toda conducta ilícita» en un acto de servicio: «La vida humana no es un bien jurídico castrense. Que el agente use las armas del servicio agrava el delito común, no lo militariza»[ii].

A nivel internacional, la Ley N.º 32735 es abiertamente inconvencional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido de forma reiterada que la jurisdicción militar es de alcance restrictivo y excepcional. En el caso emblemático La Cantuta vs. Perú, el tribunal interamericano fijó que «cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso»[iii]. Un examen comparado evidencia que el Perú marcha a contracorriente: mientras en Colombia, Chile y Brasil el delito de función protege exclusivamente la disciplina y la jerarquía —relegando las violaciones de derechos humanos a la justicia civil— y en Estados Unidos los tribunales federales conservan prioridad bajo el Uniform Code of Military Justice (UCMJ) cuando el delito perjudica a civiles, la ley peruana invierte esta jerarquía democrática. Como precisa la Defensoría del Pueblo, la norma es incapaz de superar un test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad[iv].

Frente a esta amenaza, la demanda de inconstitucionalidad promovida por el Colegio de Abogados del Cusco ante el Tribunal Constitucional ataca con precisión el núcleo duro de la reforma: desmonta la desnaturalización del delito de función con base en las STC 00012-2006-PI/TC y STC 00022-2011-PI/TC, y cuestiona el archivo sumario e inimpugnable de causas ordinarias[v]. No obstante, el mayor desafío de este recurso no es dogmático, sino institucional: el actual Tribunal Constitucional ha mostrado posturas deferentes hacia el Congreso, existiendo el riesgo de que la decisión priorice la oportunidad política sobre el rigor jurídico[vi].

La Ley N.º 32735 no representa una simple mejora técnica; es un retroceso institucional que promueve la impunidad. Mientras el Tribunal Constitucional evalúa la demanda, la responsabilidad de sostener el Estado de derecho recae en los jueces ordinarios, quienes deben aplicar un control de convencionalidad difuso para inaplicar el archivo automático de los procesos por homicidio. La respuesta que se dé a esta norma definirá no solo el futuro del fuero penal, sino la calidad misma de nuestra democracia.

Bibliografia

  • Caro Coria, Carlos. «El delito de función por contexto: Análisis crítico de la Ley N.º 32735». LP Derecho, 25 de julio de 2026.
  • Colegio de Abogados del Cusco. Demanda de inconstitucionalidad parcial contra la Ley N.º 32735. Cusco: ICAC, 2026.
  • Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso La Cantuta vs. Perú. Sentencia de 29 de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas). https://www.corteidh.or.cr
  • Defensoría del Pueblo. ¿Quién juzga qué? Justicia militar vs. justicia ordinaria: El delito de función en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informe Defensorial N.º 66. Lima: Defensoría del Pueblo, 2003.
  • Ley N.º 32735. Ley que modifica el Código Penal Militar Policial, Decreto Legislativo 1094, y el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para precisar el delito de función, fortalecer la función militar policial y establecer sanciones a militares y policías que participen en bandas u organizaciones criminales. Diario Oficial El Peruano, 21 de julio de 2026.
  • Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia del Expediente N.º 00012-2006-PI/TC. 15 de diciembre de 2006. https://www.tc.gob.pe
  • Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia del Expediente N.º 00022-2011-PI/TC. 8 de julio de 2015. https://www.tc.gob.pe

Referencias

[i] Ley N.º 32735, Ley que modifica el Código Penal Militar Policial, Decreto Legislativo 1094, y el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, Diario Oficial El Peruano, 21 de julio de 2026.

[ii] Carlos Caro Coria, «El delito de función por contexto: Análisis crítico de la Ley N.º 32735», LP Derecho, 25 de julio de 2026.

[iii] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso La Cantuta vs. Perú, Sentencia de 29 de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 142.

[iv] Defensoría del Pueblo, ¿Quién juzga qué? Justicia militar vs. justicia ordinaria: El delito de función en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe Defensorial N.º 66 (Lima: Defensoría del Pueblo, 2003), 45-50.

[v] Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, Expediente N.º 00012-2006-PI/TC, 15 de diciembre de 2006, fundamento 38.

[vi] Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, Demanda de inconstitucionalidad parcial contra la Ley N.º 32735, expediente presentado ante el Tribunal Constitucional del Perú, 2026.

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