Fuga, alcohol y patrimonio: Los límites del Serenazgo frente al peligro al volante
Por: Giovanna Angelica Ramos Huaman
Alrededor de la medianoche del 7 de agosto de 2026, una camioneta de placa X6Q-409 subió intempestivamente a la berma y volcó sobre las áreas verdes del complejo del Qorikancha en el Cusco, tras una persecución vehicular protagonizada por el Serenazgo Municipal. El conductor se encontraba en visible estado de ebriedad. Este suceso expone una doble controversia legal: la responsabilidad penal derivada de la conducción bajo los efectos del alcohol y los límites competenciales de los cuerpos de seguridad municipal al intervenir en la vía pública.
La conducción en estado de ebriedad constituye un delito de peligro común (Art. 274 del Código Penal). Se sanciona sin necesidad de acreditar un daño lesivo directo, castigando la puesta en riesgo de la seguridad vial. Conforme a la doctrina de la actio libera in causa, la reprochabilidad del conductor se retrotrae al momento en que decidió voluntariamente ingerir alcohol sabiendo que operaría un vehículo motorizado. Al producirse el despiste y la afectación al entorno monumental del templo incaico, la conducta concurre idealmente con el delito de daño agravado sobre bienes de valor histórico o cultural (arts. 205 y 206, inc. 1 del Código Penal). En sede administrativa, la infracción M.1 impone una multa del 50% de la UIT y la cancelación definitiva de la licencia de conducir, mientras que el seguro obligatorio (SOAT) queda facultado para ejercer el derecho de repetición de los gastos por culpa inexcusable.
No obstante, la legalidad de la persecución merece un riguroso análisis. De acuerdo con las declaraciones institucionales, en la patrulla municipal no viajaba ningún efectivo policial bajo patrullaje integrado. La Ley del Servicio de Serenazgo Municipal (Ley N.º 31297) establece que los serenos cumplen funciones auxiliares, preventivas y disuasivas, sin gozar del imperium que el artículo 166 de la Constitución reserva a la Policía Nacional del Perú.
Los serenos no están facultados para ejecutar maniobras de intercepción o persecución a alta velocidad en zonas urbanas angostas. Al hacerlo, quebrantaron los principios de necesidad y proporcionalidad, generando un riesgo vial mayor al que pretendían neutralizar. Por tanto, la huida del conductor no encuadra en el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad (Art. 368 CP), pues la orden de alto no provino de un funcionario competente. Si bien el arresto ciudadano (Art. 260 del Código Procesal Penal) cobró vigencia tras la volcadura para impedir la fuga, esa legitimidad sobrevenida no justifica la imprudencia operativa previa. El Estado debe sancionar el peligro al volante, pero las municipalidades deben actuar estrictamente dentro de sus límites legales.
Bibliografia
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Referencias
- Declaraciones del Subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Cusco a Nueva TV Nacional, 7 de agosto de 2026.
- Decreto Legislativo N.º 635, Código Penal del Perú, Diario Oficial El Peruano, 8 de abril de 1991, arts. 48, 205, 206 inc. 1, 274 y 368.
- Corte Superior de Justicia de Lima, Sala Penal, Expediente N.° 7854-97-Lima, Data 45,000, Gaceta Jurídica, 1997.
- Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, Derecho penal: Parte especial, tomo III (Lima: IDEMSA, 2010), 546-547.
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito (Decreto Supremo N.° 016-2009-MTC), Diario Oficial El Peruano, 22 de abril de 2009, arts. 299 y 336, Anexo I (Infracción M.1).
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito (Decreto Supremo N.° 024-2002-MTC), Diario Oficial El Peruano, 14 de junio de 2002, art. 20, lit. c.
- Congreso de la República del Perú, Ley N.º 31297: Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, Diario Oficial El Peruano, 20 de julio de 2021, arts. 3, 5 y 15.
- Constitución Política del Perú, 1993, art. 166.
- Decreto Legislativo N.º 957, Código Procesal Penal, Diario Oficial El Peruano, 29 de julio de 2004, arts. 259 y 260.


