Entre la etiqueta y el tipo penal: El llamado «pepeo» y el caso del alcalde de Choquepata
Por: Ivett Carolina Altamirano Apaza
La noche del 12 de agosto de 2026, en una calle solitaria del centro poblado de Choquepata, en el distrito de Oropesa, Cusco, vecinos de la zona retuvieron a una mujer identificada como Anyela Kimberly Nuñonca Miranda junto a un automóvil Toyota Yaris. A pocos metros yacía completamente inconsciente Alexander Dávila Quispe, alcalde de dicha localidad, quien debió ser trasladado de urgencia a una clínica privada en estado crítico. El hallazgo en el vehículo de medicamentos, botellas de licor y un vaso descartable con restos de una sustancia pulverulenta activó la clásica etiqueta de las noticias policiales: un presunto caso de «pepeo». Días después, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra la investigada por tentativa de robo agravado. No obstante, el caso exige una aclaración jurídica inmediata: para el Derecho Penal peruano el término «pepeo» no existe, y su uso indiscriminado distorsiona la tipicidad, la valoración probatoria y las garantías procesales.
El Código Penal no reconoce ninguna figura delictiva autónoma denominada «pepeo». Se trata de una denominación coloquial utilizada para describir la administración no consentida de sustancias químicas —frecuentemente benzodiacepinas o inductores del sueño combinados con alcohol— orientadas a reducir o anular la capacidad de reacción y resistencia de una persona. Para la ciencia penal, la gravedad de la conducta se define en función del propósito criminal del agente y del bien jurídico efectivamente lesionado o puesto en peligro.
Si el fármaco se suministra para anular la voluntad de la víctima y despojarla de sus bienes, la conducta se subsume como una circunstancia de agravación específica: el delito de robo agravado mediante el empleo de sustancias (Art. 189, inciso 5, del Código Penal). Sin embargo, sostener una imputación por tentativa exige un riguroso estándar probatorio. Conforme al artículo 16 del Código Penal, la tentativa requiere el inicio indudable de actos de ejecución patrimonial. Si el alcalde conservaba todas sus pertenencias y no se acredita el apoderamiento material ni actos directos de sustracción, la tesis de robo agravado entra en una zona de debilidad dogmática. En ese supuesto, si únicamente se comprueba un daño a la integridad física o neurológica por intoxicación, la conducta debe recalificarse bajo los delitos de lesiones graves o leves (Arts. 121 y 122 del Código Penal).
A ello se suma una advertencia médica y forense de primer orden: la administración clandestina de psicofármacos mezclados con bebidas alcohólicas introduce un riesgo letal inminente de paro cardiorrespiratorio. Cuando sobrevienen secuelas irreversibles o la muerte, el agente no responde por un simple robo, sino a título de homicidio calificado por veneno o dolo eventual (Art. 108, inciso 2 del CP), o en su defecto, por el delito de robo agravado con muerte subsecuente (Art. 189, último párrafo del CP), sancionado con cadena perpetua.
Esta complejidad técnica subraya que los nueve meses de prisión preventiva impuestos no equivalen a una condena anticipada. Conforme al artículo 268 del Código Procesal Penal, la prisión preventiva es una medida cautelar destinada a neutralizar el peligro de fuga o de obstaculización procesal, no una declaración de culpabilidad. En casos de sumisión química, la prueba científica es perentoria: las benzodiacepinas tienen una ventana de detección metabólica muy corta en sangre y orina. Sin análisis toxicológicos oficiales inmediatos, peritajes químicos concluyentes sobre los residuos hallados y una estricta cadena de custodia, rige plenamente el principio constitucional de presunción de inocencia.
Crear un delito específico de «pepeo» no resolverá las deficiencias de la investigación criminal ni la precariedad de los laboratorios forenses en regiones. Las herramientas jurídicas ya existen en el Código Penal. Lo que la justicia exige no son nuevas etiquetas penales, sino peritajes oportunos, imputaciones rigurosas y juicios basados en pruebas científicas y no en el eco de los titulares periodísticos.
Bibliografia
- A Primera Hora Cusco. «Nueve meses de prisión preventiva para la pepeadora del alcalde de Choquepata». A Primera Hora, 22 de agosto de 2026.
- Cahuaya del Castillo, Carlos. «Alcalde de Choquepata termina internado tras pepeo en Cusco». Evidencia.pe, 14 de agosto de 2026.
- Congreso de la República del Perú. Código Penal (Decreto Legislativo N.° 635). Diario Oficial El Peruano, 8 de abril de 1991.
- Congreso de la República del Perú. Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N.° 957). Diario Oficial El Peruano, 29 de julio de 2004.
- Congreso de la República del Perú. Constitución Política del Perú. Diario Oficial El Peruano, 30 de diciembre de 1993.
- Congreso de la República del Perú. Decreto Legislativo N.° 1578. Diario Oficial El Peruano, 18 de octubre de 2023.
- Congreso de la República del Perú. Ley N.° 32258. Diario Oficial El Peruano, 14 de marzo de 2025.
- Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia 385/2026, Expediente N.º 02030-2023-PHC/TC. 25 de febrero de 2026.
Referencias
- A Primera Hora Cusco, «Nueve meses de prisión preventiva para la pepeadora del alcalde de Choquepata», A Primera Hora, 22 de agosto de 2026.
- Carlos Cahuaya del Castillo, «Alcalde de Choquepata termina internado tras pepeo en Cusco», Evidencia.pe, 14 de agosto de 2026.
- Decreto Legislativo N.º 635, Código Penal del Perú, Diario Oficial El Peruano, 8 de abril de 1991, arts. 16, 121, 122, 188 y 189, inc. 5.
- Ley N.º 32258, Ley que modifica los artículos 16 y 57 del Código Penal, Diario Oficial El Peruano, 14 de marzo de 2025.
- Decreto Legislativo N.º 1578, Decreto Legislativo que modifica el Código Penal en materia de seguridad ciudadana, Diario Oficial El Peruano, 18 de octubre de 2023.
- Código Penal del Perú, arts. 108 (inc. 2) y 189, último párrafo.
- Decreto Legislativo N.º 957, Código Procesal Penal, Diario Oficial El Peruano, 29 de julio de 2004, art. 268.
- Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia 385/2026, Expediente N.º 02030-2023-PHC/TC, 25 de febrero de 2026.
- Constitución Política del Perú, 1993, art. 2, inc. 24, lit. e.


