Guardería «Las Joyitas»: El video que expuso el vacío legal que deja indefensos a nuestros niños

La ley en el día a día: Comentarios y análisis legales sobre los hechos reales que marcan nuestra actualidad

Guardería «Las Joyitas»: El video que expuso el vacío legal que deja indefensos a nuestros niños

El 21 de julio de 2026, un video grabado por las cámaras de seguridad de la cuna-guardería «Las Joyitas» en el distrito de Wanchaq, Cusco, se volvió viral. En las imágenes, una cuidadora identificada como Andrea Delgado Hunda jalonea y grita a un niño de dos años mientras lo obliga a ingerir alimentos, provocando que el menor se atragante[i]. Lejos de detenerse, la agresora continúa presionando al niño, quien muestra signos de dificultad para respirar. La madre del menor, al conocer las imágenes, acudió a la Comisaría de Wanchaq para interponer una denuncia por maltrato físico y psicológico[ii].

El caso no es solo la historia de una cuidadora violenta. Es la radiografía de un sistema que, desde sus cimientos, ha fallado en proteger a los más vulnerables. La guardería, que funcionaba de manera informal, no contaba con licencia de funcionamiento ni autorización para operar como centro educativo[iii]. Cuando la Policía Nacional y personal de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) del Cusco acudieron al local, lo encontraron cerrado, con las ventanas cubiertas con plástico blanco y el nombre del centro retirado de la fachada, en un intento evidente de ocultar la identidad del establecimiento[iv].

La indignación ciudadana fue inmediata y comprensible. Pero la pregunta que debemos hacernos va más allá del castigo a la cuidadora: ¿cómo pudo operar este centro de cuidado infantil sin ningún tipo de control o supervisión estatal?

El laberinto de la fiscalización: una «tierra de nadie» administrativa

La respuesta revela una brecha institucional alarmante. La UGEL Cusco, al ser consultada sobre el caso, informó que las guarderías privadas «no son parte del sistema educativo formal» que administra, por lo que existen limitaciones legales para una fiscalización inmediata[v]. En otras palabras, mientras el Estado ha establecido mecanismos de supervisión para las instituciones educativas formales, las guarderías y cunas privadas —que atienden a la población más vulnerable, niños de 0 a 3 años— operan en un vacío legal.

Este vacío no es inocente. En la práctica administrativa del Perú, las guarderías privadas no autorizadas operan bajo el control de las Municipalidades Distritales, a través de sus Gerencias de Fiscalización y Control, encargadas de otorgar licencias de funcionamiento y verificar el cumplimiento de normas de seguridad y salubridad[vi]. La Municipalidad Distrital de Wanchaq ha realizado operativos de fiscalización en otros establecimientos comerciales, incluyendo la clausura de locales por no contar con permisos y por permitir la presencia de menores de edad en lugares de riesgo[vii]. Sin embargo, estos operativos parecen ser reactivos y no incluyen una supervisión sistemática de las guarderías informales.

El resultado es una «tierra de nadie» donde centros como «Las Joyitas» pueden operar sin que ninguna autoridad verifique las condiciones en las que se cuida a los niños. La Gerencia de Fiscalización municipal, que debería ser la primera línea de control, parece haber actuado con negligencia o falta de recursos. El Ministerio Público, por su parte, tiene el deber de investigar no solo la conducta de la cuidadora, sino también la posible responsabilidad de los funcionarios municipales que omitieron su deber de fiscalización, así como la de los dueños del establecimiento por operar sin licencia.

Más allá de los huesos rotos: el delito de lesiones psicológicas y la posición de garante

Desde una perspectiva jurídica, el caso «Las Joyitas» no se reduce a la posibilidad de encontrar lesiones físicas visibles. El examen médico-legal inicial no mostró indicios de agresión física, pero el video constituye una prueba fundamental. La Corte Suprema, mediante la Casación N.º 353-2011-Arequipa, ha establecido que en casos de víctimas en situación de especial vulnerabilidad —como los niños— la valoración de la prueba debe realizarse con rigurosidad, tomando en cuenta el contexto de los hechos y evitando interpretaciones que desconozcan la obligación de protección del Estado[viii].

El artículo 122-B del Código Penal, que tipifica las agresiones contra integrantes del grupo familiar, y el artículo 125, que sanciona la exposición a peligro o abandono de personas incapaces, calzan exactamente con la conducta de la cuidadora. La alimentación forzada, los jaloneos y los gritos no solo constituyen maltrato físico y psicológico, sino que, al generar una situación de atragantamiento, crearon un riesgo jurídicamente desaprobado para la vida y la salud del menor.

La figura de la «posición de garante» es clave en este análisis. La cuidadora no era una persona cualquiera; había asumido el deber especial de protección sobre un niño de dos años. Cuando quien debe proteger es quien agrede, la lesión trasciende la esfera individual y compromete la confianza que las familias depositan en las instituciones de cuidado infantil.

El rol del Ministerio Público y la necesidad de un protocolo claro

El Ministerio Público, como titular de la acción penal, tiene la obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia. En el caso «Las Joyitas», la fiscalía debe determinar no solo la responsabilidad penal de la cuidadora, sino también la de los propietarios de la guardería por operar sin licencia y exponer a los niños a situaciones de riesgo. Además, debe evaluar si existen indicios de responsabilidad funcional contra los servidores municipales encargados de la fiscalización que omitieron su deber de control.

La Ley N.° 30403, que prohíbe el castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes, y su reglamento (Decreto Supremo N.° 003-2018-MIMP) establecen un marco claro para la actuación de las autoridades[ix]. Sin embargo, la ley no basta si no existen protocolos de actuación inmediata que permitan a la policía, la fiscalía y las municipalidades intervenir de manera coordinada ante cualquier señal de violencia.

La cámara de seguridad no puede ser la única garantía

El caso «Las Joyitas» salió a la luz gracias a la existencia de una cámara de seguridad. Pero esta circunstancia, que permitió a la madre del menor y a la opinión pública conocer la verdad, revela una paradoja cruel: ¿cuántos episodios semejantes nunca llegaron al conocimiento de las autoridades por no haber cámaras de seguridad, porque los menores no tenían la capacidad de comunicar lo ocurrido o porque las familias confiaban plenamente en quienes tenían el cuidado de sus hijos?

La protección de los niños no puede depender de la suerte de una grabación o de la presión social mediática. La intervención penal es necesaria cuando existen indicios de la comisión de un delito, pero no basta para resolver las deficiencias estructurales que hacen posibles estos hechos. La protección integral de la infancia requiere políticas de prevención, mecanismos eficaces de supervisión, personal capacitado y procedimientos ágiles de intervención ante cualquier señal de violencia.

La pregunta que la sociedad debe hacerse, y que el Estado está obligado a responder, es clara: ¿seguiremos esperando a que un video se vuelva viral para actuar, o construiremos un sistema que garantice que ningún niño sufra maltrato en un lugar que debería ser seguro?

Bibliografia

  • ATV.pe. «Guardería en Cusco bajo investigación por maltrato infantil». 2026. https://www.atv.pe/noticia/guarderia-en-cusco-bajo-investigacion-por-maltrato-infantil.
  • Congreso de la República del Perú. Código Penal (Decreto Legislativo N.° 635, Texto Único Ordenado actualizado). 2024.
  • Congreso de la República del Perú. Código de los Niños y Adolescentes (Ley N.° 27337). 2000.
  • Congreso de la República del Perú. Ley N.° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. 30 de diciembre de 2015.
  • Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Permanente. Casación N.º 353-2011-Arequipa. 2013.
  • Decreto Supremo N.° 003-2018-MIMP. Reglamento de la Ley N.° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. 9 de junio de 2018.
  • Ezerskii, T. «Guardería del terror en Cusco: video muestra presunto maltrato a un niño en cuna jardín sin licencia para operar». Infobae, 28 de julio de 2026.
  • Municipalidad Distrital de Wanchaq. «Fiscalización: El equipo de Control y Fiscalización de la Municipalidad de Wanchaq, junto con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y Seguridad Ciudadana, realizó un operativo inopinado». Facebook, 4 de agosto de 2025.
  • Zevallos Morón, J. «Cusco: padres denuncian presunto maltrato en cuna guardería ‘Las Joyitas’ de Wanchaq». RPP Noticias, 21 de julio de 2026.

Referencias

[i] ATV.pe, «Guardería en Cusco bajo investigación por maltrato infantil», 2026, https://www.atv.pe/noticia/guarderia-en-cusco-bajo-investigacion-por-maltrato-infantil.

[ii] J. Zevallos Morón, «Cusco: padres denuncian presunto maltrato en cuna guardería ‘Las Joyitas’ de Wanchaq», RPP Noticias, 21 de julio de 2026, https://rpp.pe/peru/cusco/cusco-padres-denuncian-presunto-maltrato-en-cuna-guarderia-las-joyitas-de-wanchaq-noticia-1698228.

[iii] T. Ezerskii, «Guardería del terror en Cusco: video muestra presunto maltrato a un niño en cuna jardín sin licencia para operar», Infobae, 28 de julio de 2026, https://www.infobae.com/peru/2026/07/28/guarderia-del-terror-en-cusco-video-muestra-presunto-maltrato-a-un-nino-en-cuna-jardin-sin-licencia-para-operar/.

[iv] Ministerio Público del Perú, investigación preliminar por maltrato infantil contra Andrea Delgado Hunda, denuncia presentada ante la Comisaría de Wanchaq, julio de 2026.

[v] Unidad de Gestión Educativa Local del Cusco, informe de intervención en el establecimiento «Las Joyitas», julio de 2026.

[vi] Municipalidad Distrital de Wanchaq, operativos de fiscalización y control, https://www.gob.pe/muniwanchaq.

[vii] Municipalidad Distrital de Wanchaq, «Fiscalización: El equipo de Control y Fiscalización de la Municipalidad de Wanchaq, junto con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y Seguridad Ciudadana, realizó un operativo inopinado», Facebook, 4 de agosto de 2025.

[viii] Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Permanente, Casación N.º 353-2011-Arequipa, 2013.

[ix] Decreto Supremo N.° 003-2018-MIMP, Reglamento de la Ley N.° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes.

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